- Avalan diputados, por unanimidad, el Dictamen de la Iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado, para castigar la “mordida”
Xalapa, Ver.
Con sanciones de cinco a diez años de prisión y multa de hasta 700 días de salario mínimo se castigaría en Veracruz a los servidores públicos que reciban dádivas, dinero o servicios por su desempeño laboral, lo que se conoce como “mordida”, luego de que el Pleno de la LXIII Legislatura del Estado modificó las leyes de Responsabilidades de Servidores Públicos, la del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el Código Penal.
Aprobada durante la Decimacuarta Sesión Ordinaria, última del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, esta modificación prevé penas severas a quienes incurran en delitos como coacción, amenazas, cohecho y extorsión, y se aumentan las sanciones administrativas para tal caso. El objetivo es erradicar las malas prácticas de servidores públicos que abusan de sus cargos o comisiones para recibir beneficios personales.
Resultado de la Iniciativa que envió el Ejecutivo estatal, este Dictamen considera que en Seguridad Pública la remoción del cargo se dará cuando alguno de sus integrantes solicite o acepte compensaciones, pagos o gratificaciones diferentes a las de su sueldo, o también cuando no se oponga, rechace o denuncie cualquier acto de corrupción de la cual sea testigo.
Aunado a las sanciones administrativas de ley, el servidor público que cometa actos de extorsión se hará acreedor a la destitución o inhabilitación de tres a seis años para desempeñar empleo, cargo o comisión alguna. Para los elementos de Seguridad Pública, corresponderá a su Comisión de Honor y Justicia determinar el proceso correspondiente.
Estas modificaciones legales promueven una cultura de legalidad, con la participación de todos los sectores de la sociedad, en un esfuerzo encabezado por los servidores públicos, quienes deberán ser ejemplo de eficiencia y honradez.
Durante la sesión, los diputados aprobaron con 30 votos a favor este Dictamen, que abonará a evitar actos de corrupción y sancionará a quienes caen en la práctica denominada “mordida”.
APRUEBAN MODIFICACIONES PROPUESTAS EN LO PARTICULAR
El Pleno aprobó las modificaciones propuestas por el diputado Domingo Bahena Corbalá, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) a los artículos 59 y 63, que se reservó para su discusión en lo particular.
En un caso, pidió añadir la frase “los titulares de las dependencias o entidades”, para especificar que estos funcionarios tienen responsabilidad administrativa al omitir, de manera injustificada, a los infractores de la ley.
Por cuando al segundo artículo, el cambio consistió en incluir “al Contralor General del estado, los titulares de las dependencias y los servidores públicos”, como sujetos facultados que no podrán abstenerse de sancionar a quien infrinja este ordenamiento.
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