- Da entrada Congreso a iniciativa del Gobernador que busca frenar la llamada “mordida”
Minatitlán, Ver.
Durante la Decimatercera Sesión Ordinaria, celebrada en la ciudad de Minatitlán, se envió a la Comisión Permanentes de Justicia y Puntos Constitucionales esta propuesta, que implica “un combate frontal a la corrupción y se convierte en un mecanismo disuasivo de estas acciones”, consigna el documento.
La propuesta establece que la remoción procederá cuando quien desempeñe el cargo público solicite o acepte compensaciones, pagos o gratificaciones diferentes a su sueldo, o no se oponga, rechace o denuncie cualquier acto de corrupción del que sea testigo. En ningún caso se consideraría como falta menor.
Cuando exista una queja que se acompañe de pruebas, el titular de la institución deberá determinar como medida cautelar la suspensión provisional de las funciones del imputado, fundando por escrito el motivo.
También se eleva la sanción de cinco a diez años de prisión y multa de hasta 700 días de salario mínimo, cuando el equivalente del dinero, dádiva o servicios que reciba el funcionario rebasen los mil días de salario mínimo.
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