- Cumplieron 3 mil 968 funcionarios de los ayuntamientos, organismos operadores de agua y públicos descentralizados, así como del Poder Legislativo, informó el secretario general, Francisco Portilla Bonilla
Xalapa, Ver.
El Congreso de Veracruz recibió 3 mil 968 declaraciones patrimoniales de servidores públicos de los 212 ayuntamientos, los 14 organismos operadores de agua y cuatro organismos públicos descentralizados (OPD), conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, informó el secretario general del Poder Legislativo, Francisco Portilla Bonilla.
Durante una entrevista, el funcionario explicó que al 31 de mayo también entregaron sus declaraciones diputados y mandos medios de la LXIII Legislatura, de los institutos Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y Electoral Veracruzano (IEV), y de las comisiones estatales de Derechos Humanos (CEDH) y Para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).
Dijo que de acuerdo con la legislación vigente, los servidores públicos deben presentar su declaración de modificación y dar cuenta del aumento de su patrimonio en el transcurso de un año, y quienes comenzaron a laborar antes de mayo en el año que transcurre, tienen 60 días naturales para presentar una catalogada como “de inicio”.
Portilla Bonilla consideró necesario reformar la ley para estipular quiénes son los sujetos obligados a entregar su Declaración Patrimonial, pues actualmente se marca como “servidor público” y debe haber una distinción: “Un Director de algún Ayuntamiento está obligado, y una secretaria no debería, pero ambos se consideran servidores públicos por ley”.
Se ha dialogado con presidentes municipales para ver la posibilidad de elaborar un censo de todos los servidores públicos –continuó–, y se pensó en elaborar una plantilla laboral con quienes tienen un puesto de mando o manejo de recursos, que serviría como base de datos, para que estén obligados a declarar su situación patrimonial.
En cuanto a los documentos recibidos, el Secretario General manifestó que se reciben, revisan, clasifican y archivan. Son útiles cuando el servidor público o la autoridad competente desean consultarlos, para fines de comparación de ingresos y egresos. En caso de incumplir su entrega, las sanciones pueden llegar a la inhabilitación para ocupar cargos públicos y la destitución.
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