- Debaten Julen Rementería, Fidel Robles, José Ramón Gutiérrez de Velasco, Adolfo Jesús Ramírez y Marcela Aguilera, sobre la necesidad de llamar a comparecer a funcionarios estatales
Xalapa, Ver.
Explicar la solventación de las irregularidades señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las cuentas públicas estatales de 2009 a 2014, pidieron a funcionarios estatales los diputados Julen Rementería del Puerto y Fidel Robles Guadarrama, mientras que sus homólogos Adolfo Jesús Ramírez Arana y José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, lo consideraron innecesario.
Por separado, Julen Rementería y Fidel Robles se pronunciaron por citar a comparecer ante el pleno de la LXIII Legislatura local a servidores públicos de la administración estatal y titulares de organismos autónomos del estado, para que aclaren, desde el ámbito de su competencia, cómo fueron solventadas dichas observaciones.
Mediante un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, Julen Rementería consideró necesario llamar ante al Secretario de Finanzas y Planeación, al Fiscal General del Estado, al Contralor General y al Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior. Con otro anteproyecto, Fidel Robles pidió que comparezca el titular de la Sefiplan.
Consideró necesaria una explicación sobre las aclaraciones ofrecidas por el titular del Ejecutivo estatal en días pasados a la opinión pública, por las observaciones de la ASF y el reconocimiento de que funcionarios de su Gabinete retuvieron información contable relevante.
Como parte del debate, Ramírez Arana consideró innecesario llamar a los funcionarios mencionados, cuando las observaciones de la ASF se han solventado, y llamó a dejar a un lado la descalificación sistemática, pues resulta increíble que todo esté mal.
También desde tribuna, José Ramón Gutiérrez de Velasco aclaró que no existen órdenes de aprehensión contra ningún funcionario estatal, que las observaciones de la ASF son normales y un incumplimiento administrativo no implica quebranto, robo o desfalco.
Finalmente, Marcela Aguilera aclaró el procedimiento, pues las observaciones pueden llevar hacia faltas administrativas o conductas tipificadas como delito, pero en este caso la Procuraduría General de la República (PGR) no encontró elementos para actuar contra los servidores públicos señalados.
De hecho –continuó–, inician los procedimientos administrativos para determinar si existe alguna responsabilidad, porque delito, como tal, no hay.
Las propuestas de Julen Rementería y Fidel Robles se turnaron a la Junta de Coordinación Política, para su análisis y dictamen.
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