Aprueba el Congreso reducir tiempos de fiscalización a organismos público.

• Las modificaciones a la Constitución local deberán aprobarse por 107 de los 212 municipios veracruzanos

Xalapa, Ver.

El Dictamen que reforma la Constitución Política del Estado, para reducir a un año los tiempos de fiscalización de las cuentas de los organismos que manejan recursos públicos, se aprobó por unanimidad –45 votos a favor–, durante un segundo periodo de sesiones ordinarias de la LXIII Legislatura de Veracruz, y se enviará a los ayuntamientos para obtener el aval de la mitad más uno, es decir, de al menos 107 de ellos.

Estas reformas implicarían que los ayuntamientos presenten al Congreso del Estado sus cuentas públicas en enero del año siguiente al ejercicio, excepto el último año de administración, cuando deberán entregarlas antes del 31 de diciembre. Los demás entes tendrán hasta el último día de marzo.

La fase de determinación de responsabilidades iniciará –a más tardar– el 31 de octubre del año siguiente al que corresponda la cuenta pública, con base en el informe de resultados que presente el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), para reducir el proceso de fiscalización de dos, a un año.

Al fijar su posición, durante la Segunda Sesión del Segundo Periodo Ordinario, el diputado Francisco Garrido Sánchez pidió a sus homólogos que sigan posicionando a Veracruz, como un estado al que respalda un sistema jurídico sólido, vanguardista y acorde con las demandas del pueblo.

“Sólo el camino de las instituciones verdaderamente comprometidas con la ética política y la moral pública harán realidad la aspiración legítima de desarrollo y justicia para todos. Veracruz no es un Estado de corruptos. La inmensa mayoría de mujeres y hombres que habitamos aquí, estamos por el combate a la corrupción y a la impunidad”, afirmó.

Recordó que el 11 de noviembre pasado, en nombre de la Comisión Permanente de Vigilancia, que encabeza, sometió a la consideración del Pleno la Iniciativa

–posteriormente Dictamen–, que facilita la acción fiscalizadora y beneficia a los ciudadanos, quienes estarán informados en menor tiempo del manejo de los recursos públicos.

La reforma –expuso– busca vigilar el uso de los recursos públicos en tiempo real, con actividades de evaluación y control del gasto público, para que los recursos se apliquen en el momento requerido y beneficien a los ciudadanos con obras y servicios públicos.

“Actualiza el marco normativo, en sincronía con los procesos nacionales de armonización contable, y los postulados, lineamientos y estándares de calidad de la Auditoría Superior de la Federación y las asociaciones nacionales e internacionales de Fiscalización Superior”, agregó.

Francisco Garrido dijo que la reforma brinda certeza jurídica, contable, financiera, técnica, y de transparencia, y la rendición de cuentas involucra dos derechos: tener información y divulgarla a los ciudadanos, y recibir una explicación y justificación del ejercicio del poder.