- La diputada local Mónica Robles Barajas, impulsora de este organismo avalado por el pleno legislativo, explica sus objetivos y funciones
- Reconoce Martha Mendoza Parissi la voluntad política de los legisladores para revisar las leyes locales y garantizar e impulsar los derechos humanos
El Congreso de Veracruz es el primero en poner en marcha en un estado del país, como parte de su estructura, un Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos, afirmó la diputada local Mónica Robles Barajas, impulsora de esa instancia.
A raíz de la reforma en 2011 por la que se elevó a rango constitucional todos los acuerdos y convenios e instrumentos internacionales en los que México participa para garantizar los derechos humanos, Robles Barajas presentó una iniciativa que derivó en el dictamen emitido.
Para dar cumplimiento a este compromiso, propuso crear este organismo, que apoyará el diseño de reformas legislativas que coadyuven a la igualdad entre hombres y mujeres, creará indicadores de género para conocer el impacto de las iniciativas que se presentan en esta legislatura y permitirá revisar los presupuestos etiquetados con este enfoque.
También, desarrollar sistemas de información políticos, sociales y estadísticos que acompañen a todas las comisiones legislativas del Congreso local en los temas de derechos humanos e igualdad de género.
Durante una conferencia de prensa, Mónica Robles mencionó que otra finalidad de este esquema de investigación, integrado por seis expertos, es armonizar la legislación local con los tratados internacionales en la materia.
La directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso local, Martha Mendoza Parissi –a quien respalda una destacada trayectoria en el tema y amplia experiencia profesional–, agradeció la confianza del presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas Arroyo, así como de las diputadas y los diputados de la LXIII Legislatura local: “Trabajaré con responsabilidad y compromiso”.
Reconoció la voluntad política de los legisladores para revisar las leyes locales y garantizar e impulsar los derechos humanos, tarea que –señaló– corresponde a todos los poderes públicos.







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