En un acto inusitado, sin precedente y aparentemente mediático para tratar de generar o intentar ganarse la confianza de la ciudadanía, se informó que hasta el momento 16 servidores públicos de la Fiscalía General del Estado están bajo un proceso judicial por incumplimiento de un deber legal al no dar seguimiento a las denuncias por desaparición de personas; mientras que aproximadamente 40 están bajo investigación.
Así lo manifestó el propio fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, quien intentando salvar la baja reputación y poca credibilidad en la Fiscalía, reconoció que algunos fiscales recibían la denuncia y al final del camino se reservaba sin desahogar ninguna diligencia y sin corroborar la aparición de la persona.
Como ejemplo citó que una persona que desaparece, en algunos casos atada a delitos, el Fiscal no desahogaba absolutamente nada, ni pedía la sábana de llamadas ni hacía todas las diligencias que forman parte de un protocolo para poder tener la posibilidad de datos que orienten a la ubicación del desaparecido y al tiempo reservaban el expediente porque no había elementos para consignarlo.
"Si no había elementos para consignarlo es porque no hubo una investigación y eso es un incumplimiento de obligaciones".
Dijo que el delito de incumplimiento de un deber legal no es grave, por lo que los inculpados están libres bajo fianza, pero afirmó será muy difícil que puedan enmendar cosas porque hay escenarios de personas desaparecidas que se complicaron por su inactuar.
Asimismo, dijo que se reunió con Luis Ibáñez, fiscal de Supervisión y Control y de acuerdo al reporte, estima que al final de este mes se investiguen más casos de incumplimiento y el número aumente hasta 312 servidores públicos, mismos que podrían ser removidos, cesados o renunciados.
Sobre el tema de los casos de personas desaparecidas, dijo que ha sostenido reuniones en la Ciudad de México con las entidades de Derechos Humanos, se ha aclarado algo que la sociedad debe saber.
"Hay asuntos de personas desaparecidas en un número que está perfectamente bien consignado, que están ligados a hechos delictivos, es decir, que la desaparición obedece a la comisión de un delito grave y de alto impacto, pero la gran mayoría de los casos, en los que se denuncia la desaparición de una persona, no son hechos que estén ligados a delito".
Más del 85 por ciento de esos casos obedecen a que las personas salieron por consentimiento propio de sus casas, por muchas razones "que mejor prefiero obviar".
Dijo tratar con Colectivos y con el número de personas que sí desaparecen por temas delictivos y por privaciones ilegales de la libertad, "y estoy entregado a atenderlos, pero la realidad que el número es exacerbado que luego se rebela, obedece, en su gran mayoría, a cifras que no son vinculadas a delitos".
Según el fiscal Ángel Bravo, hoy a la denuncia que se presenta por supuesta desaparición se le da el seguimiento hasta su conclusión, es decir, hasta que a la investigación se le da de baja porque la persona aparece.
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