Proponen trato especial a menores infractores

• Presenta el diputado Domingo Bahena una Iniciativa de reforma a la Constitución Política local, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes

Xalapa, Ver.

Reconocer en la Constitución Política del Estado a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y garantizarles un régimen penal distinto al de los adultos, así como generar políticas públicas encaminadas a respetarlos, planteó en una Iniciativa el diputado local Domingo Bahena Corbalá.

La propuesta, enviada para su estudio y análisis a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, pretende reformar los artículos 4° y 6° de la Constitución local, para cumplir con la armonización de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014.

Durante la Sexta Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, que inició a las 12:30 horas, se dio entrada a este documento, que plantea no juzgar o sancionar como adulto al adolescente que cometa un delito. Dado el caso, sería sujeto a un sistema de justicia penal a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializadas, que garantizarán sus derechos humanos.

Las sanciones –se explica en el documento– serán racionales y proporcionales a la conducta realizada, pero tendrán como fin su reintegración social y familiar, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.

En caso de ser necesario el internamiento, sólo se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda. Las niñas y niños menores de doce años únicamente serán sujetos de rehabilitación y de asistencia social, dijo el Diputado en tribuna.

De acuerdo con la norma federal, en el nivel estatal se debe garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan el derecho pleno a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, protección y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

El diputado Bahena Corbalá recordó que la Ley General estipula que a partir de su entrada en vigor, las legislaturas estatales tienen 180 días para adecuar su legislación.