Los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, se reunieron este jueves para analizar la solicitud de juicio de desafuero en contra del diputado local independiente, Renato Tronco Gómez.
A partir de hoy, ambas comisiones tienen tres días hábiles, que vencen el lunes de la próxima semana, para elabora el dictamen que determinará si se cumplen los requisitos establecidos en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, para que la Comisión Instructora inicie el proceso administrativo de desafuero en contra del legislador que llegó al Congreso del Estado por el Partido Verde Ecologista de México, pero que tiene casi un año que se declaró independiente.
El diputado Carlos Fuentes Urrutia, quien es presidente de la Comisión de Gobernación, dijo que no se sabe si el dictamen estará listo hoy, mañana o el lunes, pero lo cierto es que tiene que estar listo antes de que se venza el plazo.
También descartó que la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía General del Estado tenga tintes partidistas; petición que el propio fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras entregó el pasado martes 6 de este mes.
“Serán unos días largos”, dijo al referirse al análisis que harán de los cinco tomos que conforman las pruebas aportadas por la FGE, las cuales presumen la autoría intelectual de Tronco Gómez, en el asesinato de Alfredo Pérez Juárez, quien fuera regidor del ayuntamiento de Las Choapas.
El crimen ocurrió hace nueve años cuando Renato Tronco era presidente municipal de Las Choapas por el Partido Acción Nacional, y el expediente se reabre ante la promoción de un amparo de inconformidad interpuesto por Orfelina Galindo, concubina del occiso.
Con ese recurso se apela el sobreseimiento del caso, y en la resolución los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia revocan el sobreseimiento y ordenan a la FGE actuar penalmente contra el legislador, quien aspira a la gubernatura de Veracruz.
Fuentes Urrutia, negó que haya premura para desahogar la solicitud del fiscal, simplemente, dijo, se está cumpliendo con los términos establecidos en la ley.
La reunión se desarrolló a puerta cerrada y los diputados decretaron un receso en la reunión de trabajo para continuar con el análisis mañana viernes.
Lo que ambas comisiones deben determinar es que si el denunciado es servidor público, si la denuncia contiene la descripción de hechos que justifiquen que la conducta atribuida afecta a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho, y si los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado, y por lo tanto amerita incoar el procedimiento.
Si la denuncia satisface esos requisitos, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales formularán el dictamen previo y lo depositarán junto con el expediente en la Secretaría General.
Y la Secretaría General turnará el dictamen previo y el expediente a la Comisión Permanente
Instructora, en el plazo de tres días, con la finalidad de iniciar el juicio de procedencia.
En caso de que la solicitud no cumpliera con los requisitos, se determinará el sobreseimiento, y se notificará personalmente al denunciante a través de la Secretaría General.
Los integrantes de la Comisión de Gobernación son los diputados, Carlos Gabriel Fuentes Urrutia (PAN); Marco Antonio del Ángel Arroyo (PRI) y Eduardo Sánchez Macías (PVEM), presidente, secretario y vocal, respectivamente.
Y quienes integran la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales son los diputados Ciro Gonzalo Félix Porras (PRI); Domingo Bahena Corbalá (PAN) y Juan Manuel Velázquez Yunes (PRI), presidente, secretario y vocal, respectivamente.
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