Se incluiría la Consulta Popular en la Constitución del Estado

 

·         Los ciudadanos deben involucrarse en la toma de decisiones de Gobierno, afirmó la diputada Ana Cristina Ledezma

 

Para garantizar el derecho a la Consulta Popular y que la población participe directamente en la toma de decisiones trascendentales para la entidad, los diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una Iniciativa para reformar la Constitución Política del Estado.

 

Durante la Decimosegunda Sesión Ordinaria, la diputada Ana Cristina Ledezma López explicó que así se armonizaría la legislación estatal con la federal, pues en 2012 el Congreso de la Unión modificó la Constitución General de la República –a través de una reforma al artículo 35– para establecer el derecho político del ciudadano de participar en las consultas populares. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de ese año.

 

La propuesta establece la Consulta Popular como un mecanismo de participación de los ciudadanos, quienes a través del voto ejercen su derecho de decidir sobre las acciones que realiza un Gobierno, y “más que un derecho, es una obligación”.

 

Esta modificación –continuó Ledezma López– persigue una mayor participación e intervención de la población, y no únicamente a través de los partidos políticos, en la toma de decisiones políticas y sociales trascendentales para la mayoría de los veracruzanos.

 

Refirió que existe la democracia representativa, que permite a los ciudadanos elegir a los gobernantes sobre la base de un paquete de programas de políticas públicas que contiene su sello ideológico, y también la democracia directa, en la que el ciudadano opina y elige políticas públicas concretas e individuales.

 

La consulta popular se convocaría por el Congreso del Estado a petición del Gobernador; el equivalente a 33 por ciento de los integrantes de la Legislatura, o por al menos dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores del estado.

 

El organismo público electoral local tendría a su cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados, y la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado resolvería, previo a la convocatoria que realice el Congreso del Estado, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta.

 

Esta iniciativa se turnó por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, para su estudio y dictamen.