Aprueba el Congreso Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2013

 

·         Detectan presunto daño patrimonial en 70 ayuntamientos, una dependencia, un fideicomiso y dos entidades paramunicipales, por un total de 804.5 millones de pesos

·         Se instruye al Orfis iniciar la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de sanciones e indeminizaciones

Con la determinación de un presunto daño patrimonial de 70 ayuntamientos, dos entidades paramunicipales, una dependencia y un fideicomiso, por un total de 804 millones 502 mil 578 pesos 35 centavos, el Pleno de la LXIII Legislatura del Estado aprobó –por mayoría de votos– el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2013.

 

Los miembros de la Comisión Permanente de Vigilancia elaboraron el Dictamen, tras analizar el Informe de Resultados que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) presentó al Congreso del Estado en diciembre.

 

No aprobaron las cuentas públicas de 70 ayuntamientos, en los que se detectaron 55 observaciones que hacen presumir un daño patrimonial por un total de 533 millones 392 mil 698 pesos con 64 centavos.

 

También se detectó que las comisiones municipales de Agua y Saneamiento de Coatepec y Fortín presentaron irregularidades en su gestión financiera. La primera, por un millón 895 mil 92 pesos con 80 centavos, y la segunda, por un millón 295 mil 602 pesos con 76 centavos, lo que hace un total de 3 millones 190 mil 698 pesos con 56 centavos.

 

El Dictamen, con el voto en contra de los diputados Julen Rementería del Puerto, Fidel Robles Guadarrama, Ana María Condado Escamilla y Édgar Hugo Fernández Bernal, considera que la Secretaría de Comunicaciones del estado (Secom), ahora Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), tuvo un presunto daño patrimonial por 12 millones 545 mil 581 pesos con cinco centavos.

 

También, el Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de pago para la operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y de Construcción, Supervisión, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, presentó un supuesto daño por 255 millones 374 mil 105 pesos con 10 centavos.

 

Para estos casos, el Congreso del Estado instruyó al Orfis iniciar la fase de determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones, en contra de los servidores o ex servidores públicos cuya conducta implicó irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos durante 2013, y que presumiblemente afectaron la Hacienda Pública.

 

Sobre las cuentas públicas del Poder Legislativo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y el propio Orfis, no se detectaron irregularidades ni inconsistencias.

 

En el caso de los Poderes Ejecutivo y Judicial, entidades paramunicipales, 142 ayuntamientos y organismos autónomos, sólo presentaron inconsistencias de carácter administrativo, que deberá atender e informar al Orfis su Órgano Interno de Control.

 

POSICIONAMIENTOS

 

Por el Partido Alternativa Veracruzana (AVE) el diputado Francisco Garrido Sánchez expuso que el análisis de la Cuenta Pública 2013 se realizó por todos los integrantes de la Comisión de Vigilancia, lo que se debe entender como el producto que la sociedad reclama, con base en el principio de la transparencia y la rendición de cuentas.

 

Este análisis y dictamen –añadió–, es un mandato constitucional que a través del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), como ente técnico coadyuvante, determina si los entes fiscalizables se ajustaron a las medidas para la comprobación de los recursos públicos que ejercieron.

 

Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gustavo Gudiño Corro explicó que en el análisis de la Cuenta Pública 2013 el Orfis verificó que los entes fiscalizables se ajustaran a los parámetros transparencia. Auditó obras públicas con base en los programas, planes y presupuestos, y constató que los actos, contratos o convenios realizados se apegaran a la legalidad.

 

Los diputados Julen Rementería del Puerto y Fidel Robles Guadarrama manifestaron su voto en contra, por considerar que el Informe de Resultados que presentó el Orfis no está fundado y que se requirió mayor información para un análisis completo por los integrantes de la Comisión de Vigilancia.

 

Para el petista Fidel Robles, es extraño que algunas dependencias no presenten irregularidades o faltas administrativas, que a su consideración tuvieron, al no ejercer recursos públicos, de lo que encontró referencia en el Informe.