• Pide Octavia Ortega privilegiar intereses de las víctimas, no las sanciones
• A través de una iniciativa plantea la creación de los Centros de Mediación Escolar para el Estado
La Comisión Permanente de Educación y Cultura del Congreso local realiza un trabajo de revisión a la legislación local vigente en materia educativa, a fin de adecuarla a la realidad social del estado y del país, satisfacer las exigencias sociales y lograr un mayor respeto a los derechos a través de soluciones alternas que, en lugar de privilegiar las sanciones, resuelvan de fondo los conflictos y mire a los intereses de las víctimas.
La presidenta de esa comisión, diputada Octavia Ortega Arteaga, quien el pasado 18 de diciembre presentó ante el pleno de la LXIII Legislatura una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Contra el Acoso Escolar para el Estado de Veracruz, explicó que este ordenamiento, lejos de resolver el problema, muchas veces deriva en situaciones que no abonan a una solución, sino que se generan nuevos conflictos por la utilización de sanciones en las que no se toma en cuenta los intereses de las víctimas.
La Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura refirió que, para promover la cultura de la legalidad y la paz social, la actual administración estatal implementa mecanismos basados en una política educativa orientada a la prevención del delito y a la reintegración de los infractores a la vida social, evitando la repetición de conductas que con el tiempo se conviertan en conflictos mayores.
Recordó que a partir de esta iniciativa se crearía los Centros de Mediación Escolar para el estado y se asume explícitamente la orientación de la reforma a los artículos 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto derechos de víctimas y ofendidos, y pretende su adecuación a los más altos postulados de la Carta Magna, así como a los principios y garantías previstas en los tratados internacionales suscritos por México.
El modelo garantista –explicó– toma como eje rector el principio del interés superior de los niños y adolescentes, mismo que se traduce en la necesidad de crear un sistema de medios alternos de solución de controversias, basado en el derecho de mínima intervención, es decir, que el Estado no opere como vigilante sino como garante de que las partes puedan llegar a un acuerdo y salir beneficiadas.
Esto puede lograrse gracias a que el sistema de medios alternos es confidencial, autocompositivo, voluntario, flexible, creativo, cooperativo, rápido, económico, informal, imparcial, neutral, y defiende los intereses de los menores, entre otros aspectos.
Por ello consideró necesario que, con base en el respeto a los derechos fundamentales, se realice “una reforma a los medios posibles para resolver estos casos, convertirlo en modelo nacional y adaptarlo al nuevo sistema acusatorio establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales”.
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