- La Diputada Mónica Robles Barajas presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo para integrar una instancia que dé seguimiento al uso de los recursos derivados del financiamiento que se obtenga
Xalapa, Ver.
En su
Anteproyecto de Punto de Acuerdo, se refirió a la necesidad de vigilar que el
crédito obtenido se use para sanear las finanzas estatales, el pago oportuno y
la consecuente reducción del monto de la deuda pública, así como inversiones
público-productivas que beneficien a la población en pobreza extrema y a las
localidades con alto o muy alto nivel de rezago social en la entidad.
Planteó que
la Comisión Especial deberá ser un órgano plural, con diputados de todas las
fuerzas políticas representadas en la LXIII Legislatura: “Su objetivo central
es dar seguimiento puntual a la aplicación de los recursos y solicitar a la
Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) información periódica sobre los
términos y condiciones de los instrumentos financieros contratados”.
De acuerdo
con Mónica Robles, la instancia legislativa propuesta deberá regirse bajo los
principios de trasparencia, imparcialidad, responsabilidad y justicia, y
velaría por el bien común, al anteponer los intereses de los ciudadanos a los
de cualquier grupo o partido político.
“La
Constitución Política del Estado –citó–, consigna en su artículo 33 la
atribución del Congreso para llevar a cabo actividades preventivas de revisión,
análisis, control, evaluación y vigilancia de la correcta y oportuna aplicación
de los recursos públicos, y el segundo transitorio del decreto que autorizó la
reestructuración de la deuda establece que el Ejecutivo estatal, a través de la
Sefiplan, informará al Congreso local de los términos y condiciones en que se
haya instrumentado el financiamiento”.
Argumentó
que en el sistema global de rendición de cuentas se inscriben la transparencia
y el control y debida vigilancia de los recursos públicos, elementos
indispensables para la construcción de un Estado democrático que busca acabar
con la opacidad, incentivar la denuncia y frenar la corrupción, el tráfico de
influencias, los conflictos de intereses y la impunidad, que tanto han
lastimado a la sociedad.
“El
contexto actual –agregó Mónica Robles–, de falta de legitimidad de las
instituciones y de las autoridades, se impone la implementación de políticas
públicas y acciones que incentiven la confianza de los gobernados”.
Durante la
Primera Sesión del Primer Periodo Ordinario del tercer Año de Ejercicio
Constitucional, este Anteproyecto de Punto de Acuerdo se turnó a la Junta de
Coordinación Política, para su análisis y dictamen.







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