Intervendría Congreso para proteger derechos de los niños

 

·         Mediante una iniciativa de reforma a la Ley del Poder Legislativo, el diputado Jesús Velázquez Flores propone crear la comisión de Derechos de la Niñez

  

El Congreso local tendría competencia en temas relacionados con la vulneración de los derechos de las niñas y los niños del estado, principalmente maltrato infantil, acoso escolar, explotación laboral, sexual o trata, y generaría los mecanismos legales para evitar este tipo de acciones, de acuerdo a la iniciativa que presentó el diputado Jesús Alberto Velázquez Flores, para crear la Comisión Permanente de Desarrollo de la Niñez.

 

Durante la Primera Sesión Ordinaria, del primer receso, propuso reformar el Artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para crear dicha comisión, entre cuyas facultades estaría reunirse con asociaciones civiles, padres de familia y expertos en la materia para proponer reformas a los ordenamientos pertinentes que promuevan y garanticen los derechos de este sector social.

 

Velázquez Flores consideró que, aunque existe desde 2008 la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado, es necesario impulsar el trabajo legislativo que permita mejorar las disposiciones legales en esta materia, “por ejemplo, dar el paso para que jueces y magistrados tomen en cuenta la opinión de las niñas y niños en los procesos penales que afectan directamente a su vida”.

 

En la exposición de motivos recordó que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidio en menores de 14 años, entre los países integrados a dicho organismo. Por ello –dijo–, es necesario desarrollar medidas legislativas que protejan el interés superior de niños y adolescentes.

 

Refirió que la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 plantea reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos; por lo que este reconocimiento evita que sean considerados como adheridos a la familia y en el cual el Estado sólo atiende cuando hay desprotección o vulnerabilidad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Gobernación.